Antes del verano se aprobó una llamada Ley de Morosidad en el Parlamento español. La idea era acabar de una vez por todas con los plazos descaradamente largos a los que pagan a sus proveedores las administraciones públicas en general y algunas grandes empresas españolas, en especial las del sector de la construcción, pero también las de otros sectores. Esos proveedores, en especial las pequeñas empresas, decían los legisladores, no pueden soportar tan largos plazos de cobro, y menos ahora, sumidos en una crisis económica muy seria.

En consecuencia se dictaron unos plazos de pago máximos, 60 días para el sector privado y 30 para las administraciones. Y un programa de adpatación paulatina en unos años. Sin embargo, ¿qué está pasando? que por ahora nadie hace caso alguno. Los ayuntamientos, grandes morosos, ya se han apresurado a explicar que ellos no pueden pagar antes, porque no tienen dinero. El Instituto de Crédito Oficial debería haberles abierto una linea de financiación para poder adelantar los pagos, pero no lo ha hecho.

¿Qué consecuencia tiene esto? Pues de estupor y de desconfianza en la capacidad de nuestros políticos. Al final se impone la ley del más fuerte, y el país asume costumbres más cercanas a la república bananera que a una nación moderna enclavada en la vieja y rigurosa Europa.

Con el incumplimiento de la Ley de Morosidad o nos jugamos sólo la supervivencia de nuestras pymes, sino la credibilidad de nuestro sistema político y el prestigio de nuestro país.