Las instituciones débiles e ineficientes son en el fondo las causantes de la pobreza

Y es algo que padecemos en España desde siempre

Escribo esto, como siempre lo he hecho en este blog, como ciudadano que se preocupa por la prosperidad y el avance social de su país. Y entro en el tema porque la actualidad nos está diciendo cada día que tenemos un problema de pobreza, de falta de acceso a la vivienda, de desempleo o subempleo, de delincuencia, de deterioro de la convivencia en general. Es algo que me impacta, como supongo que le pasa a mis lectores.

La reciente concesión del Nobel de Economía a tres economistas insignes que defienden la tesis de que es la fortaleza o debilidad de sus instituciones lo que diferencia principalmente a los países prósperos de los que no lo son.

Es un descubrimiento importante, que me ha hecho pensar.

¿Son nuestras instituciones públicas realmente fuertes y eficientes? Mi impresión es que en España no lo son. Y no creo que sea una cuestión de izquierdas o derechas, sino un pasivo general de país. Todos somos culpables de ello. Pero especialmente la clase política y las administraciones del Estado, a todos los niveles. Es decir, los servidores públicos, empezando por los políticos electos y acabando por los funcionarios de todos los niveles.

No son competentes ni eficientes. Es algo general de lo que se salvan pocas excepciones. Me atrevo a pensar en dos de ellas: la Agencia Tributaria y la generalidad de la Administración Vasca. Aunque no es relevante a los efectos de esta reflexión que voy a tratar de compartir con mis lectores.

Esa incompetencia afecta a todas las instituciones:

• Los parlamentos, tanto estatal como autonómico como local

• Los gobiernos, a todos los niveles

• Las policías y demás órganos de control del cumplimiento de las normas

• Y, sobre todo y por encima de todo, y gran causante de la gangrena del Estado: la Justicia

Para empezar, nuestros políticos no saben legislar. Vemos demasiado a menudo normas que salen de los parlamentos o de los gobiernos y o están mal hechas o nadie las aplica. Normas complicadas, difíciles de entender y de aplicar, que a menudo se promulgan a destiempo. Es culpa compartida de nuestros políticos (qué mal funcionan nuestros partidos, dominados por la figura del político de profesión, a menudo con estudios básicos y sin experiencia vital suficiente) y de nuestros altos funcionarios, más preocupados de la forma que del fondo, de su lucimiento que de la facilidad y comprensión por el ciudadano. Somos un país que sufre diarrea de normas y leyes. Y cuando legislamos lo hacemos desconfiando del ciudadano honesto, y de la actuación sancionadora y mucho más de la justicia. Como resultado pagan justos por pecadores, y el ciudadano, el trabajador, el empresario, es culpable mientras no demuestre lo contrario. En lugar de establecer un marco claro que conozca el ciudadano y dejarlo sin trabas tirar adelante (abriendo un supermercado, por ejemplo) y sancionarlo rigurosamente si se salta el marco establecido, le hacemos pasar todas las inspecciones y certificaciones posibles antes de abrir su establecimiento, lo que hace que la economía vaya mucho más lenta que en otros países que actuan de otra manera: dejan hacer y sancionan rápido y con dureza a quien incumple. Aquí lo que hay que cumplir es los dossieres y dejar contentos a los conspicuos funcionarios que así están ocupados. ¡Ah! Y una vez has abierto el supermercado (o el negocio que sea) posiblemente no vuelvan a inspeccionarte nunca.

El resultado es terrible. Y así vamos.

Y, como decía, la institución que más falla es la Justicia. Y viene de antiguo. Todos hemos citado el conocido dicho: “Tengas pleitos y los ganes…” La Justicia no funciona en España, y no lo hace desde siempre, y es conocido y reconocido por todos, pero no se arregla. Nadie se atreve con el bicho. Y mucho me temo que a los propios jueces y funcionarios de la Justicia, incluídos, me atrevo a decir, algunos abogados y procuradores (institución vetusta donde las haya), ya les está bien como está. están cómodos así, aunque eviten muy mucho reconocerlo.

El resultado es el que es: cuesta una fortuna, siempre está reclamando recursos, y sigue siendo, con honrosas y heroicas excepciones, una calamidad. Y no me refiero al resultado de sus sentencias, que no cuestiona (aunque a lo mejor podría cuestionarse), sino a la eficiencia del sistema judicial.

¿Algún político se atreverá algún día a abordar en serio una reforma (legislativa, normativa, de personal y tecnológica integral de la Justicia? Esperemos que sí y que sea pronto. A lo mejor esta reflexión de un ciudadano sirve para algo… Ojalá.

Mientras sigamos así, el freno a nuestra prosperidad seguirá puesto. Con los negativos efectos en la inversión, en la vivienda, en el paro, en la inversión, en la merma de la convivencia, etc. etc.

Pido disculpas a mis lectores por meterme en un terreno muy político, lejos de la temática empresarial habitual en mis post, pero no podía evitarlo. Aparte de que las empresas son las primeras que padecen los efectos de esa ineficacia de la administración. Como muestra citaré el comentario que nos hizo un gran empresario de la distribución a un grupo de profesionales con el que tuvimos un encuentro hace unos meses: “El mayor freno a nuestro crecimiento son las aprobaciones públicas que hemos de gestionar antes de abrir uno de nuestros establecimientos. Es un proceso que a menudo nos cuesta de 1 a 3 años”.

Con eso está todo dicho.