Tomás Pueyo, un analista español pasado por EE.UU. al que sigo desde hace tiempo y que destaca por sus acertados y documentados informes, me hace llegar uno sobre los problemas de la Unión Europea en el que muestra un gráfico de la OCDE son el porcentaje del PIB que representa el gasto en pensiones, con datos de 2023.
Su argumento central es que los países de la UE gastan una media cercana al 10% del PIB, mientras EE.UU. no llega al 7% (cifras aproximadas) y Rusia y China no llegan al 5%
Ello es consecuencia de los diferentes sistemas de pensiones (siendo Europa el adalid del Estado del Bienestar) y del envejecimiento de la población europea.
Está bien, pero no es eso lo que más me ha hecho reflexionar desde la perspectiva española, sino el diferente peso que tienen las pensiones en la propia Europa.
En España supone entre un 11 y un 12%, mucho más que el 5% de UK o el 5-6% de Países Bajos (países que ya están muy preocupados por el peso de sus pensiones en el PIB). ¡Y no digamos el escaso 3% de Irlanda!
Pero siempre podemos decir que hay otros que están peor, como Italia o Grecia, que se acercan al 16%, o Francia, que se acerca al 14%
En resumidas cuentas, que estamos ante modelos diferentes de país, que implican una Hacienda Pública muy diferente. Y es en ese contexto que hemos de situar la sostenibilidad del Estado del Bienestar en estos tiempos en los que se abre el debate de la seguridad y la necesidad de dedicar más recursos a la defensa.
Tienes razón, Ferrán. Creo que las medidas complementarias que planteas están en las agendas políticas, y algunas tímidamente en marcha, como el aumento de la edad de jubilación, pero siempre es difícil que la ciudadanía acepte un paso atrás en cuestión de derechos. Se necesita un liderazgo que lo englobe en un paquete de medidas que reparta el sacrificio lo más equitativamente posible, de manera que no sean sólo los pensionistas los que lo paguen, porque hay otros colectivos, como los funcionarios y las administraciones en general, donde hay mucho que recortar en materia de productividad y de carga sobre los presupuestos públicos en general.
La inmigración puede ayudar al aumentar la población activa y las cotizaciones y España se destaca por la alta tasa de actividad y la facilidad de incorporación laboral de los extranjeros. Sin embargo, pensando en el largo plazo, tal vez no sea suficiente y debiera complementarse con otras medidas como aumentar la edad de jubilación, ajustar las prestaciones o fomentar los sistemas de pensiones complementarias.