Estos días estoy ayudando a un amigo y su equipo jurídico a configurar una SL para que haga el mismo papel que una Sociedad de Capital Riesgo (SCR). La idea es reunir a una serie de inversores en una sociedad que pretende invertir en activos inmobiliarios, para rehabilitarlos o reformarlos y revenderlos. Mi amigo, que es el promotor, tiene una gestora de proyectos inmobiliarios, que será la gestora de la sociedad.
Así como en el mundo del capital riesgo ya está establecida la regulación de las SCR, controladas por la CNMV, en el inmobiliario no lo está.
Es por ello que estamos tratando de regularlo con la mera utilización de la ley de Sociedades de Capital y la redacción de sendos documentos específicos, como el Pacto de Socios o el contrato de gestión entre la Sociedad y la Gestora.
Insisto, no es un trabajo fácil, porque, por ejemplo, la remuneración de la Gestora tiene un componente variable en base a la rentabilidad que obtengan los inversores, tanto año a año como al final del proyecto, que se establece a priori en unos 6 años.
Ah, y por último, pero no menos importante, porque añade complejidad, destacar que una parte del capital llegará en forma de cuentas en participación con un determinado número de cuentapartícipes.
Lo dicho, un reto legal, aparte del inmobiliario, porque estamos hablando de más de 20 inversores, desconocidos entre ellos en general.
La única forma de evitar el conflicto es hilar muy fino a la hora de regular la gobernanza. En ellos están (estamos).