Antes del verano se aprobó una llamada Ley de Morosidad en el Parlamento español. La idea era acabar de una vez por todas con los plazos descaradamente largos a los que pagan a sus proveedores las administraciones públicas en general y algunas grandes empresas españolas, en especial las del sector de la construcción, pero también las de otros sectores. Esos proveedores, en especial las pequeñas empresas, decían los legisladores, no pueden soportar tan largos plazos de cobro, y menos ahora, sumidos en una crisis económica muy seria.