Las administraciones públicas se enfrentan al dilema de unas demandas sociales crecientes, de ciudadanos que quieren recibir servicios públicos eficientes y disponer de infrastructuras puestas al día, como contrapartida a sus impuestos, y, por otro lado, la presión de los requisitos de equilibrio económico que exigen reducir el déficit público y limitar la deuda pública en relación al PIB.